martes, 10 de noviembre de 2009

Seguridad aérea nacional.


Por Juan Ignacio Herrero, estudiante de RR II de la Universidad de Belgrano.


En un mundo cada vez mas interconectado, entre otras cosas es el comercio el que crece a grandes pasos, acompañado por el intercambio cultural que hace que sociedades enteras se conozcan mejor. Exportamos soja, trigo y carne e importamos autos, electrónica y demás bienes necesarios. Pero no todo lo que cruza las fronteras queda registrado en los libros de la aduana nacional. La economía negra creció en los últimos años, generando empleo a un costo éticamente alto. Sin embargo el problema principal aquí, no radica en este mercado paralelo que no deja beneficio directo al estado. Lo que se tratara es una mercancía muy demandada alrededor de todo el mundo, altamente cotizada y de amplia variedad. Si el mercado negro ya se encuentra al margen de la legalidad, definitivamente la comercialización de estupefacientes y su respectivo tráfico, junto a otros contrabandos, va mucho más allá.


Es evidente el incremento en los últimos años de ingreso de droga al país ya sea con fines de venta a consumidor final o de tráfico hacia Europa. El norte del país es la principal puerta de entrada a la Argentina para estos traficantes. Las provincias del noreste son el foco principal del problema. Con alrededor de 1.500 pistas clandestinas y alrededor de un tráfico diario de 120 aeronaves Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones[1] son el epicentro del tráfico aéreo de droga hacia el país.


El método aéreo es el preferido por muchos traficantes debido a las ventajas que ofrece frente a otras vías de “importación” como el terrestre por puntos como la triple frontera. Desde países limítrofes como Paraguay y Bolivia solo les toma en una avioneta normal alrededor de 1 hora 45 minutos penetrar profundamente en territorio argentino. Al corto tiempo de viaje se le puede agregar la buena capacidad de transporte que ofrecen estas aeronaves frente al tráfico por las denominadas “mulas” (individuos pagados para pasar cantidades mínimas de narcóticos a través de la frontera) y el vehicular que debe ser creativo en la búsqueda de camuflaje de la mercancía. Las pistas clandestinas de aterrizaje son de difícil detección y no requieren de mucho mantenimiento. A esto se le suma el serio problema que Argentina viene arrastrando desde hace ya varios años. La falta de radarización en el territorio nacional genera un vacio de control importante. Solo el 11% del territorio argentino es supervisado de manera activa por un sistema de radares. Básicamente la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores (radares 2D y 3D), partes de Formosa y Misiones además de las provincias de Córdoba y Mendoza[2]. Este gran vacío en los cielos argentinos no solo son una invitación a los vuelos ilegales que trafican desde los ya mencionados narcóticos pasando por armas hasta personas, sino que tan bien significan un riesgo para los vuelos comerciales que surcan los aires nacionales. El gobierno nacional viene prometiendo desde ya años la implementación de un plan de radarización a nivel nacional, tanto llamando a licitaciones internacionales como apelando a la generosidad de otras naciones (España vendió por un precio simbólico de 1 euro por unidad, 3 radares desafectados del ejército del aire en el 2007)[3]. Aun se espera la implementación de este programa. Las últimas noticias al respecto hablan de la utilización de la industria nacional para la realización de parte del decreto nacional 1407/2004. La empresa del estado INVAP recibió fondos por 54 millones de pesos por 3 años (a partir del 2006) para la elaboración de 11 radares para el plan nacional de radarización[4].


Definitivamente la meta que se debe plantear el estado argentino es un resultado similar al sistema de vigilancia del Amazonas (SIVAM), brasileño. Este plan de desarrollo llega a cubrir el 61% de la superficie del país vecino, específicamente en la región norte y centro. Este visionario proyecto contribuyo a una fuerte baja en los vuelos clandestinos transfronterizos[5].
Sin embargo, este plan de radarización que permitiría instalar los ojos de la ley por sobre las nubes debe ser acompañado por otras medidas. Y aquí también nuestros vecinos brasileños pueden dar cátedra.


En la argentina los aviones invasores, gracias al polémico sistema de radares, pueden ser detectados e interceptados por aviones de la fuerza aérea. Pero aquí se encuentra otro hueco legal. En el país, según el manual de procedimiento la aeronave interceptora debe tomar nota de la matricula del invasor (Si existente, para verificar identidad) y luego tomar contacto por radio o visual para ordenarle que aterrice. Si el avión invasor hace caso omiso se acaban las opciones del interceptor. Este no puede hacer más que escoltar el avión hasta su destino final y comunicar su ubicación para intentar que las fuerzas terrestres lo detengan. Estas en la mayoría de los casos llegan demasiado tarde y el invasor ya ha partido de vuelta.


Brasil, por otro lado, desde hace casi 15 años sanciono una ley de derribo que fue finalmente implementada en el año 2004 por el gobierno de Lula Da Silva. Esta ley decreta que luego de una serie de 8 fases de intento de contacto con el intruso (aviso mediante radio, contacto visual, vuelo de intimidación, tiro de advertencia etc.), ante la negativa, la aeronave de la FAB puede derribar el avión invasor, como último recurso con el fin de proteger la seguridad nacional[6].
Esta medida es aplicada por otros países de la región como Perú y Colombia. Esta demás mencionar la ley de derribo norteamericana. Y otros países como Venezuela están estudiando la medida. Alrededor del globo la medida es frecuente en países desarrollados como en vías de desarrollo, con el fin de paliar problemas mencionados como el tráfico de armas, drogas y personas y la seguridad nacional.


Lo que respecta a la Argentina, en el 2004 el congreso pidió una copia de la ley de derribo brasileña para analizarla y elaborar una propia. El proyecto recibió el apoyo del ex ministro de defensa José Pampuro y el ex ministro del interior Aníbal Fernández, en funciones para el momento[7]. La medida quedo congelada. No se ha hablado mucho más del asunto. Tanto la radarización como la ley de derribo están en el limbo político.
Mientras tanto, como único antecedente en el país podemos mencionar la cumbre de presidentes de Mar del plata del 2005. Para la misma se desplegaron aviones interceptores de la FAA, dotados con misiles AIM SideWinder donados por la USAF para la ovación.
¿Ante una amenaza real se hubiesen utilizado, o hubiesen estado como decoración, como nuestra seguridad territorial aérea?


Citas


[1] AARA, http://www.asociacionantidroga.org.ar/

[2] Fuente: decreto nacional 1407/2004 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/99870/norma.htm

[3] Fuente: Diario Clarin, http://www.clarin.com/diario/2007/10/06/sociedad/s-06901.htm

[4] Secretaria de comunicación de la provincia de Rio Negro. http://www.comunicacion.rionegro.gov.ar/desarro_noti.php?cod=2745

[5] Entrevista con el Brigadier General (r) Rubén Montenegro.
Presidente del Centro Aeronáutico de Estudios Estratégicos1 http://www.caei.com.ar/es/entrevista/montenegro.pdf

[6] Diario Univisión. http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=425490&pagenum=2

[7] Diario La Nación http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=657452 26.11.04

1 comentario:

Anónimo dijo...

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